Sobre esto se conversará a nivel global a partir de este lunes en la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Cnuld, por sus siglas en inglés) que tiene lugar en Riad, Arabia Saudita, un encuentro donde se buscará acelerar las acciones para la gestión sostenible de las tierras y mejorar la resiliencia frente a las sequías. Según datos de esta institución, el 40% de las tierras del planeta están degradadas y las sequías han aumentado un 29% desde 2000 hasta ahora como consecuencia del cambio climático, así como también por efecto de las modificaciones en los usos del suelo con fines agrícolas y ganaderos.

La Argentina, que adhiere a esa Convención desde 1996, estará representada por el embajador en ese país, Facundo Vila. Consultados sobre la estrategia del actual gobierno en el tema y el papel que tendrá la Argentina en esa cumbre, así como sobre la composición de la delegación nacional, desde la Subsecretaría de Ambiente decidieron no contestar, por el momento.

La Argentina padece de primera mano estos fenómenos. La zona núcleo, la más productiva en términos agropecuarios (centro norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y este de Córdoba), acaba de dejar atrás una sequía que duró más de tres años –la más extensa de las últimas seis décadas– con gravísimas pérdidas económicas, sociales y ambientales. Según un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, el país perdió unos 20.000 millones de dólares a causa de este fenómeno, solo durante el año pasado, por la disminución de volúmenes en los tres principales cultivos (soja, maíz y trigo): “La sequía se cobró tres puntos del PBI argentino del año 2023″, se lee en el documento.

El último Informe sobre el Estado del Ambiente –publicado a principios de 2023, con datos de 2021– señala que casi el 70 % del territorio nacional está clasificado como “tierras secas”. Es decir, aquellas que por sus características climáticas son áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Estos territorios “presentan mayor vulnerabilidad a la erosión y a la pérdida de su capacidad de brindar servicios ecosistémicos ante cualquier alteración que afecte su equilibrio”. Son varios los factores que producen esto: la erosión hídrica y eólica, la compactación, la salinización y la pérdida de la cobertura vegetal y la de la biodiversidad del suelo, entre otros.

La Argentina cuenta con un Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de la Sequía (PAN), cuyo objetivo es prevenir y reducir el fenómeno. En ese contexto, el país adoptó metas a 2030, que incluyen la protección de bosques nativos, el fomento de métodos productivos sustentables (como el manejo de bosques con ganadería integrada), el fortalecimiento de los sistemas de Manejo del Fuego y la mejora de prácticas agrícolas de riego y de rotación de cultivos, detalló Di Pangracio.

“Muchos de los problemas socioambientales del país se originan en la falta de ordenamiento ambiental del territorio, algo que reconoce la Ley General del Ambiente, pero en lo cual no se ha avanzado”, agregó la experta.

Montico, por su lado, señaló que la erosión hídrica que padecen las provincias de la zona productiva húmeda (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires) es fuente de problemas que van desde el arrastre de sedimentos por lluvias intensas a “otros componentes como residuos de fitosanitarios o efluentes”. “Esto significa problemas ambientales severos”, dijo.