Del segundo encuentro participaron la economista de la UBA Verónica Gutman y la investigadora del Banco Mundial Mariana Conte Grand. Ambas analizaron cómo equilibrar el comercio y la ecología de modo tal que resulte favorable para los intereses de la comunidad.
Gutman dijo: “Las nociones de crecimiento y desarrollo necesitan incluir la protección ambiental, la transición energética y la transición a los sistemas agroalimentarios”. Conte Grand explicó que “los efectos del cambio climático tienen su correlato en la economía de cada país”. Además, señaló que las políticas ambientales actuales adoptan tres modalidades: estándar, referidas a las que los organismos internacionales les dicen a los países cuánto y qué emitir; de mercado son las que a través de impuestos y permisos aceptan cierto nivel de emisión; y de difusión de información, acción que consiste en identificar a los países más contaminantes para que, mediante penalizaciones económicas, el mercado las regule.
Por su parte, Gutman recordó que la Argentina ratificó todos los tratados internacionales sobre cambio climático y organizó dos cumbres climáticas que se llevaron a cabo en Buenos Aires en 1998 y en 2004. “Hoy en día nuestro país cumple con las recomendaciones internacionales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de acá al 2030 y con una serie de medidas para dar respuesta a esta crisis global”, manifestó la investigadora.
Finalmente, de la tercera charla formaron parte la Licenciada en Economía de la UBA Martina Chidiak y el investigador del CONICET Diego Murguía. Ambos abordaron la relación entre desarrollo, sustentabilidad y recursos naturales y el vínculo entre desarrollo y administración del capital natural.
Chidiak expresó que el cambio climático no solo es una amenaza para el planeta y las personas que lo habitan sino, también, para la economía global. En este sentido, el cuidado del ecosistema tiene que llevarse a cabo de forma conjunta entre el sector público –principalmente los gobiernos nacionales- y el privado –encabezado por las corporaciones empresarias-. En su opinión, es fundamental la presencia estatal a la hora de llevar a cabo políticas que premien el uso de energías renovables y de alguna forma castiguen la utilización de recursos contaminantes.
A su vez, Murguía pidió salir del “extractivismo minero” y llamó a una mayor coordinación entre las agendas productivas, ambientales, sociales y de innovación tecnológica; a la aplicación de políticas que mejoren la empleabilidad de las poblaciones locales en áreas mineras; y a una política industrial que invierta sostenidamente en actividades de aprendizaje tecnológico y agregado de valor en litio, oro y cobre, entre otras cuestiones.
