Aplicar el Derecho Ambiental

La relevancia del Derecho Ambiental crece en un mundo con mayores y más recurrentes catástrofes naturales. La preocupación por el cuidado y la protección del medio ambiente aparece en la agenda política de todos los países y de todos los partidos.

La interrogante no es si debe protegerse, sino cómo debe realizarse la protección y conservación de los recursos y ecosistemas naturales. Esta protección debe reconocer que toda actividad antropogénica genera o puede generar un impacto negativo en el ambiente. Ahí es precisamente donde cobra relevancia el derecho ambiental, en términos generales, como las normas encaminadas a asegurar y proteger el medio ambiente a través de la regulación de las actividades de las personas.

Por esto, la importancia del derecho ambiental radica en el carácter preventivo de la regulación y de la anticipación del daño potencial o daño causado. Es decir, en la regulación efectiva para impedir el daño al ambiente, pues existe un consenso general en esta materia; en el sentido de que el daño ambiental es fácilmente prevenible, pero difícilmente reversible.

A partir de ahí surge el ahora conocido principio precautorio, el cual obliga a las autoridades a impedir la realización de una actividad, cuando no se tengan datos o información suficiente para acreditar la magnitud del impacto que se puede provocar.

Por lo que ahora, contrario a lo que sucedía hace algunos años, la falta de información no da lugar a la autorización de actividades de dudoso impacto, sino todo lo contrario; impone el deber de prohibir la realización de toda clase de actividades sobre las cuales no se tenga certeza del daño actual o potencial que pueden ocasionar.

Es por esto que la importancia del derecho ambiental recae no solamente en la eficacia de la regulación, sino en la aplicación de las normas jurídicas; lo que nos conduce, en primer lugar, a exigir la acción oportuna de nuestras autoridades, pero también a generar conciencia entre los ciudadanos.

El cuidado y protección del ambiente no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino de todos aquellos que dependemos de su conservación.