En los últimos años, y por primera vez en la historia, la creación de áreas protegidas recibió votos en contra en el Congreso Nacional. Quienes dijeron que no fueron los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel, hoy flamantes presidente y vicepresidenta de la Nación. Su posición ideológica respecto a este tema se basa en la nula intervención del Estado y la absoluta libertad de los propietarios de las tierras para convertirlas en un bien productivo y rentable.

Partiendo desde esa premisa, todo indica que el objetivo de continuar ampliando las superficies con alguna figura de protección hasta alcanzar el 30 % del territorio continental, establecido en las Metas de Aichi para 2030, se encontrará con más obstáculos que nunca.

El Sistema Federal de Áreas Protegidas registra en la actualidad 44 974 504 hectáreas que incluyen parques y reservas nacionales, provinciales y municipales, y constituyen el 16,17 % del total del territorio continental. “Este año podría ampliarse si se aprobara la creación de los parques nacionales de Uspallata, en la provincia de Mendoza; y el de las Sierras de Ambato, en Catamarca”, informa Pablo Berrozpe. El primero es un ecosistema de altas cumbres asociado a un sistema glaciario; en el segundo confluyen ecorregiones de Chaco seco, yungas (selva de montaña), puna y pastizal de altura y es hábitat de la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), Monumento Natural Nacional que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, ambos casos demuestran las dificultades que existen en Argentina para concretar este tipo de procesos, debido a la potestad constitucional que tienen las provincias sobre el manejo de sus territorios y recursos naturales. Como dice Berrozpe: “El temor a quedar mal con la oposición local hace que a veces las provincias sean reticentes a entregar sus tierras a la Nación”. La bióloga Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, lo traduce en cifras: “Los procesos de creación de áreas protegidas llevan entre 5 y 10 años y, lamentablemente, los de corredores biológicos son incluso más lentos y complejos. Las extinciones de especies a escala local y regional exigirían acelerar ese ritmo de protección de áreas valiosas”.

Justamente, esos corredores que ofrecen conectividad entre parques y reservas son, tal vez, la piedra angular para darle verdadera eficacia al crecimiento que las superficies protegidas tuvieron en el período reciente.

“Crear parques nacionales en lugares remotos y aislados entre sí no tiene mayor impacto en la conservación. Las especies que se quieren proteger necesitan una red bien conectada para sobrevivir, reproducirse, dispersarse y mantener poblaciones viables porque se mueven a través del paisaje. Sobre todo, las más carismáticas como el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) o el pecarí quimilero (Catagonus wagneri), que están en peligro de extinción”, opina Matías Mastrángelo, biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La Ley de Bosques y el Consejo Federal de Medio Ambiente regulan la implementación de estas vías de conexión, pero los expertos consideran que esto no es suficiente. Soneira ofrece ejemplos al respecto: “Chaco categorizó en amarillo a los corredores en la Ordenación Territorial de Bosques Nativos aprobada en 2022 (que todavía está en discusión), pero avanzó con ‘polígonos especiales’ para uso agrícola que rompen la conectividad del paisaje. Misiones, que fue pionera en la creación de un corredor verde, presentó el ordenamiento territorial de municipios categorizando dichos bosques como sujetos a deforestación. Y Santiago del Estero incluyó un corredor boscoso cuyo diseño no garantiza su efectividad”.

Un objetivo para el año que comienza sería hallarle una solución a esa falta de amparo legal. “Deberíamos tener una ley de presupuestos mínimos que nos permita hacer planes de gestión y manejo de los corredores, con una autoridad de aplicación y un poder fiscalizador por parte del Estado nacional o provincial”, pide Berrozpe.

Otros aspectos a tener en cuenta en este tema serían, por un lado, “detener con urgencia la deforestación ilegal y ampliar la protección de los bosques nativos en el Gran Chaco Argentino”, tal como plantea Soneira. Y por otro, la creación de gradientes o zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas “para que un animal que necesita salir del parque o la reserva para encontrar un pozo de agua o buscar presas no se encuentre con que el bosque termina abruptamente y empieza un cultivo rociado con agroquímicos”, explica Mastrángelo.