El proyecto para modificar la Ley de Glaciares es inconstitucional, carece de legalidad y legitimidad: es rechazado por poblaciones que dependen del agua de deshielo. Un análisis en clave de derecho confirma el retroceso que implica y las leyes y tratados internacional que se vulneran. ¿Agua para las mineras o para las comunidades?

El gobierno nacional, con el proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares, intenta avanzar en la entrega de un bien común a los gobiernos provinciales pro-extractivismo y a las empresas internacionales dedicadas a la actividad minera e hidrocarburífica. Del agua de los glaciares de Argentina dependen 1800 localidades y más de siete millones de personas. Hay que ser claros: no se trata de “adecuación de la ley”, es un retroceso absoluto en los cuanto a la protección del ambiente y los derechos humanos.